LAS AUTORIDADES DESAFÍAN LAS LEYES

¿Quién debe ocupar la banca en litigio?

Las autoridades municipales han decidido desafiar las leyes; las

leyes, en tanto parte integrante del cuerpo normativo vigente, pero

también otras leyes, más mundanas y terrestres. En realidad, desde

hace un tiempo, están inmersas en un embrollo, del que se

empeñan denodadamente en no salir; embrollo más bien de

raigambre jurídica, aunque se aprecia, además, revestido con nítidas

motivaciones políticas y consecuencias institucionales.

Un breve repaso: A poco de resultar electo concejal, Ignacio

Maiztegui renunció a su banca para desempeñarse en el ámbito del

Departamento Ejecutivo, donde estrenó un puesto de jerarquía,

creado especialmente para alimentar sus expectativas de sucesor

natural del intendente en un futuro escenario electoral de

postulantes al sillón de González Cane, no ya solo como

reemplazante transitorio, ante licencia temporaria de Martínez, en

su condición de primer integrante de la lista de concejales de su

fuerza partidaria, sino como depositario excluyente del voto popular.

Todo esto podría encasillarse dentro de los avatares propios del

accionar político, que no fue inventado ahora sino que bien podría

enmarcarse dentro de lo que peyorativamente, y casi siempre de

manera infundada, los recién llegados denominan la “vieja política”.

El problema empieza a partir de la designación del reemplazante

de Maiztegui.

Las disposiciones referidas a la paridad de género no abordan de

manera inequívoca el procedimiento a emplear en ese caso, y lo

mencionado en la ley 14.848 ofrece un hueco que deja lugar a la

interpretación. Recordamos aquí un simpático concepto, plebeyo y a

la vez certero, adquirido en nuestra etapa de fallido estudiante de

Abogacía, según la cual se explica qué es la ley: la ley es lo que los

jueces dicen que es.

A Maiztegui lo reemplazó Nora Paladino, por ocupar el lugar

siguiente en la lista de Juntos, de acuerdo con el discernimiento de

las autoridades del Concejo Deliberante; esto significa, claro, con la

obvia, necesaria e imprescindible anuencia del intendente. Una

decisión de esta naturaleza, no es -ni podría ser- ajena a la

injerencia directa del jefe comunal.

La presidenta del cuerpo, Gabriela Taruselli, ha ofrecido razonados

argumentos para sostener esa postura; rebatibles, como cualquier

opinión sobre las leyes; esgrimiendo, incluso, a su favor un

antecedente que años atrás, tuviera como protagonista a Lisandro

Bormioli en sus tiempos en la política lugareña. Pero, se sabe, un

error precedente, no valida un error posterior.

En una interpretación opuesta, Mariano Quintana, prácticamente

en soledad, reclamaba la banca para sí, por aplicación del criterio de

género, según el cual un hombre debe reemplazar a otro hombre.

Al encontrar obstruida la vía administrativa -ámbito natural de su

requerimiento-, el dirigente de origen radical recurrió a la Justicia; lo

hizo con decisión, en defensa de sus legítimos derechos, pero sin

levantar demasiado la voz para no afectar a sus conmilitones, y para

no exponer a sus eventuales superiores jerárquicos. La conducción

de la Unión Cívica Radical está decididamente enrolada detrás del

intendente Martínez, corresponde consignar. De hecho, Quintana

pasará a formar parte de ese mismo bloque, que solo registra la

honrosa excepción de Ramiro Llan de Rosos, quien con su formación

política y bagaje aquilatado, cuenta con juego político propio, como

para animarse a desafiar las férreas directivas que emanan del

“despacho oval”.

Con sus tiempos, la Justicia se expidió en los términos previsibles,

Y por dos veces. Primero, el juez en lo Contencioso Administrativo, y

luego la Cámara de Apelaciones, de Junín. La banca de Maiztegui

correspondía a Quintana, sin demasiado espacio para la

controversia. La argumentación fue sólida y de mucha claridad para

despejar las dudas y las diferencias que pudieran existir. Sin

embargo, no se produjo el cambio y Nora Paladino continuó,

oronda, ocupando la banca, que por decisión de la Justicia y por

aplicación del sano criterio legal no le correspondía. La insólita

situación se prolongó excesivamente, sin otra explicación que la

conveniencia política de garantizar el confort de un voto obediente -

decisivo en votaciones equilibradas-, y como expresa manifestación

de la voluntad de un intendente, que confiado en su poder, no se

arredra ni ante las decisiones de los magistrados.

Ahora, por razones ajenas al demorado pleito, Paladino renunció a

la banca, alegando difusas y consabidas “razones personales”. El

pleno del cuerpo aceptó la dimisión y la edil fue despedida con

sentidas palabras provenientes de quienes fueran sus pares, en una

sencilla pero emotiva ceremonia. Por la causa que fuere, Paladino ya

no detenta el escaño y en su lugar, presurosamente, fue ungido

Mariano Quintana, quien asume triunfante, aunque para ello debiera

archivar los argumentos que llevó a la Justicia y que sostuvo en

heroica batalla en defensa de la paridad.

El mismo Quintana que izó entusiasta la bandera de género, la

acaba de arriar silenciosamente: se presentó en Tribunales alegando

la ecuación hombre por hombre (ergo, mujer por mujer); ahora se

sienta en la banca -todavía calentita- que deja una mujer. Una

contradicción no menor, que podría entenderse en su afán de

ejercer el puesto que efectivamente le corresponde.

Aquí surge otro detalle curioso: el juez Savignano, en su decisión,

a favor de la postura de Quintana, le confirió al Concejo Deliberante

un lapso de sesenta días, para producir los trámites inherentes al

traspaso. Queda demostrado que tanto tiempo no era necesario, ya

que Quintana asumió a los pocos minutos de conocida la dimisión

de su antecesora.

Para explicar el no acatamiento de lo (¡dos veces!) dispuesto por

la Justicia, se supo que las autoridades municipales habían evaluado

seriamente la alternativa extrema (excesivamente extrema) de

recurrir al máximo tribunal de justicia de la Provincia, para insistir

con su debilitado argumento y fracasada pretensión. Es fama que

litigar ante la Suprema Corte de Justicia implica erogaciones

económicas que inhiben las posibilidades de la mayoría de los

justiciables. La pregunta, tal vez de características menores, surge

sola: ¿quién afrontaría los enormes costos de una nueva

presentación, que ya huele a capricho antes que a exacerbada

demanda de justicia? Con el cercano antecedente de dos fallos

categóricamente adversos, con sendos pronunciamientos judiciales

basados en sólidos argumentos que se demuestran difíciles de

contrariar, ¿se explica ir a la Corte, cuando se pretende afrontar los

costos con el dinero de las y los pergaminenses?

Tal vez hubiera resultado prudente reconocer humildemente que

se cometió un error inicial, para no seguir cometiendo nuevos y más

graves errores. Para ello, (en cumplimiento de la manda judicial)

Paladino debió ser destituida, antes que permitirle renunciar.

Resultaría contrafáctico -además de un ejercicio, por inocuo,

totalmente prescindible- preguntarnos ahora qué posición hubiera

adoptado Mariano Quintana en cada una de las votaciones

realizadas (que fueron varias), en un escenario de empate donde el

voto de Nora Paladino resultó decisivo para los intereses del

Departamento Ejecutivo.

Me permito presumir que a los votantes de Maiztegui, de Paladino

de Quintana y de todos los demás concejales, muy probablemente,

todo esto no les importe nada.